1. "Me llaman puta" Un problema de redistribución.

La prostitución es un fenómeno complejo que encierra múltiples realidades y experiencias, lo cual ha dificultado que las distintas corrientes feministas lleguen a consensos  para comprender, proteger y atender a las mujeres que la ejercen. Pese a ello, las distintas perspectivas reconocen entre las causas de la prostitución la injusticia económica, la feminización de la pobreza y la distribución desigual de los recursos como condiciones que en definitiva sitúan a las mujeres en posiciones de mayor riesgo, vulnerabilidad y marginación social.

La pobreza, es una de las principales condiciones que influye en el ejercicio de la prostitución, en cuanto implica altas demandas económicas al ser las mujeres quienes generalmente asumen la jefatura de hogar. Paralelamente, las desigualdades limitan las posibilidades de las mujeres para capacitarse y para acceder a empleos con mejores condiciones laborales, de manera que la mayoría de los empleos que encuentran las mujeres son mal remunerados, desregularizados, sin prestaciones sociales o con escasa protección laboral, como el servicio doméstico y el cuidado de niños, niñas y/o de personas mayores. Esta precarización laboral se profundiza para las mujeres inmigrantes, en especial para las que no han podido regularizar su estancia en España, pues las políticas cada vez más represivas y la estigmatización social, limitan aún más su inserción laboral.  La falta de oportunidades puede explicar la prevalencia de mujeres inmigrantes en la prostitución.

El reconocer que la prostitución es para las mujeres una alternativa laboral que les permite atender sus necesidades y demandas económicas, no excluye la urgente necesidad de que los Estados formulen e implementen políticas que garanticen la igualdad de oportunidades para que las mujeres independientemente de su procedencia, edad, clase y raza; puedan acceder a posibilidades educativas y laborales que favorezcan la vida digna. Esto supone una reflexión sobre la necesaria redistribución de la riqueza que permita la garantía de los derechos humanos, en especial de los sectores sociales que han sido históricamente marginados y excluidos de los beneficios sociales.